El Estado se mete en una empresa clave de Lázaro Báez: el empresario seguía haciendo negocios desde la cárcel

Resumen detallado

Es Austral Construcción. En una nueva investigación judicial, se comprobó que el exsocio de los Kirchner administraba bienes embargados. Lo acusan, entre otras cosas, de contactos con el mundo narco.

Después de la causa que inició la fiscalía federal de Río Gallegos, a cargo de Julio Zárate, la presidenta del Tribunal Oral Federal 4 (TOF 4), Valeria Rico, ordenó avanzar con la liquidación de la firma Austral Agro S.A. para cubrir parte de las multas millonarias impagas. Es, además, una respuesta a la información que mostró cómo desde la cárcel, el empresario, seguía comercializando campos de dicha compañía. La Unidad de Información Financiera (UIF) asumirá la titularidad y la Agencia de Bienes del Estado (ABBE) deberá administrar el dinero producido para saldar las acreencias.

Como reveló Clarín a través de las escuchas telefónicas incorporadas a la nueva causa por lavado de dinero, asociación ilícita y vínculos con una organización narco criminal, Lázaro Báez durante el último año, designó administradores, dio órdenes específicas para seguir explotando comercialmente bienes que están alcanzados por el decomiso del caso Vialidad y de la causa de la Ruta del Dinero K. Se trata de los dos expedientes por los que está cumpliendo una pena unificada de 15 años de prisión.

El 11 de junio del año pasado, el exsocio comercial de Cristina Kirchner, volvió a quedar tras las rejas. Cumplía arresto domiciliario en una de sus propiedades emplazada en El Calafate. La orden de que regrese a un penitenciario federal, fue del juez Néstor Costabel responsable de ejecutar la pena de la Ruta del Dinero K que recibió firmeza por parte de la Corte Suprema de Justicia. Días después, el máximo tribunal confirmó la maniobra defraudatoria juzgada en el caso Vialidad.

Preso en el penal de Ezeiza, afronta quince años tras la unificación de la pena que ejecuta el TOF 4 que realizó el juicio por lavado de dinero en la Ruta del Dinero K.

Son dos decomisos a los que debe responder el empresario: 60 millones de dólares en la causa por blanqueo de activos y 685.000 millones de pesos, en la adjudicación irregular de obra pública vial.

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