Fallo del TFJA abre la posibilidad de que tres empresas reclamen más de 10 mil millones de pesos por obras del Tren Maya

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El Pleno del TFJA anuló una resolución sobre el Tren Maya, abriendo la posibilidad de que tres empresas reclamen más de 10 mil millones de pesos.

El Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA) emitió una resolución que puede impactar directamente al gobierno, porque en un juicio contencioso administrativo falló contra la autoridad encargada de las obras del Tren Maya, ya que abrió la posibilidad de que tres empresas puedan reclamar un pago de 10 mil 60 millones de pesos.

Con seis votos a favor y cuatro en contra, el Pleno Jurisdiccional anuló una resolución que negó a diversas empresas la actualización de precios de un contrato relacionado con la construcción del taller y cochera de Chetumal y la instalación de los sistemas ferroviarios de los tramos 6 y 7.

La mayoría de los magistrados determinaron que la resolución emitida por el "Residente de Obra" no podía mantenerse, luego de que Alstom Ferroviara México, Construcciones Urales Procesos Industriales y Gami Ingienería de Instalaciones, cuestionaron que dicho funcionario tuviera facultades para rechazar su solicitud de actualización de precios.

De acuerdo con los montos establecidos en el contrato, la actualización que reclaman las compañías podría superar los 10 mil 60 millones de pesos, cantidad que tendría que cubrirse si finalmente se reconoce la procedencia de su petición.

El conflicto comenzó porque las empresas solicitaron que se aplicara un factor de actualización a los precios del contrato, tanto en la modalidad de precios unitarios como en la de precio alzado.

Sin embargo, la autoridad rechazó la petición porque las compañías presentaron su solicitud después de los 30 días naturales previstos en el artículo 175 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

De acuerdo con los hechos, las empresas tardaron más de 100 días en hacer el trámite.

Al impugnar esa decisión, las quejosas argumentaron que el "Residente de Obra", no tenía competencia para negar su solicitud.

Seis magistrados respaldaron este planteamiento y votaron por declarar la nulidad de la resolución.

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