El Gobierno reta a las tecnológicas e impone el 80% renovable a los centros de datos
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Resumen detallado
El Ejecutivo mantiene la obligación de consumir electricidad renovable hora a hora pese a las advertencias del sector. La norma llega rodeada de dudas jurídicas sobre su tramitación europea
El Gobierno ha aprobado este viernes el polémico decreto que regula el consumo energético de los centros de datos, las grandes instalaciones que almacenan y procesan información y que resultan esenciales para el desarrollo de la inteligencia artificial. La vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Sara Aagesen, ha impuesto que estas instalaciones cubran el 80% de su consumo con electricidad procedente de nuevas plantas renovables y garantizar que esa energía se produzca en las mismas horas en las que la consumen. El Ejecutivo mantiene así una de las condiciones más cuestionadas por los grandes inversores tecnológicos, aunque concede un periodo de adaptación hasta 2032.
La aprobación llega, además, en medio de un conflicto con Bruselas. Como ha adelantado esta mañana ElConfidencial, el Gobierno ha seguido adelante con el decreto pese a las dudas sobre su encaje en las obligaciones europeas de notificación de reglamentaciones técnicas. La controversia gira en torno a si el Ejecutivo debía comunicar previamente determinadas exigencias a la Comisión Europea y permitir su examen antes de aprobarlas. El texto sale adelante a nueve días de las elecciones generales del 29 de noviembre, pese a las objeciones planteadas durante su tramitación.
Aagesen ha defendido la decisión durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros con una advertencia económica: sin las nuevas exigencias, la expansión de los centros de datos provocaría, según los cálculos del Gobierno, un sobrecoste de 5.000 millones de euros en la factura eléctrica de los españoles. La ministra también ha asegurado que, en determinados escenarios, las empresas industriales podrían llegar a pagar un 25% más por la electricidad. No ha precisado a cuántos años corresponden esos 5.000 millones ni las hipótesis utilizadas para calcularlos.
Las estimaciones del Gobierno contrastan con las de Wood Mackenzie. En un informe elaborado para Spain DC, la asociación que representa a la industria…
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