Empresas de vigilancia alertan por alza de hasta 22% en sus costos y piden cambios a la Ley de Rescate Económico

Résumé détaillé
El gremio considera que el proyecto debe incluir medidas para evitar que la presión tributaria y laboral afecte la contratación formal. También planteó alternativas para aumentar los ingresos del Estado sin trasladar nuevas cargas a las compañías
El aumento de los costos de operación y su posible impacto sobre la contratación formal se convirtieron en los principales reparos de las empresas de vigilancia frente a la Ley de Rescate Económico. Aunque la Confederación Nacional del Gremio de Vigilancia y Seguridad Privada (Confevip) respaldó la iniciativa del gobierno de Abelardo de la Espriella, pidió revisar algunas disposiciones para evitar que el ajuste de las finanzas públicas afecte la actividad empresarial.
El presidente de la organización, Miguel Ángel Díaz, advirtió que, si el proyecto se aprueba en las condiciones actuales, los costos de los servicios de vigilancia podrían subir aproximadamente 14%. A ese cálculo se sumaría el incremento estimado del salario mínimo para 2027, cercano al 8%.
La combinación de ambos factores representaría un aumento acumulado de hasta 22% para el sector, según las proyecciones presentadas por Confevip. La organización sostiene que ese escenario tendría consecuencias sobre el valor de los servicios, los clientes que los contratan y las decisiones empresariales relacionadas con el empleo.
“El país necesita recuperar sus finanzas públicas, pero no podemos hacerlo encareciendo aún más la contratación formal. Las empresas de vigilancia tienen una estructura de costos intensiva en mano de obra y cualquier incremento termina trasladándose a la operación, a los clientes y, en última instancia, al empleo”, explicó Díaz en un comunicado.
Para reducir la presión sobre las compañías, Confevip puso sobre la mesa tres cambios: eliminar el impuesto al patrimonio, suprimir el gravamen del 4 por mil y evitar nuevos incrementos en los costos parafiscales y de seguridad social.
Las propuestas apuntan a contener los gastos que, de acuerdo con el gremio, inciden en la contratación y en la capacidad de las empresas para sostener sus operaciones.
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