Los centros de datos llevarán a Aagesen a los tribunales y pedirán suspender su decreto
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Résumé détaillé
Spain DC anuncia un recurso contra la norma aprobada a nueve días de las elecciones y advierte de que pone en riesgo 66.900 millones de inversión prevista hasta 2030. La patronal acusa al Gobierno de imponer condiciones imposibles de cumplir
La guerra entre el Gobierno y los centros de datos llega a los tribunales. Spain DC, la patronal que agrupa a más de 300 empresas del sector, ha anunciado que recurrirá el decreto aprobado este viernes por el Consejo de Ministros y solicitará su suspensión cautelar. La asociación considera que las nuevas exigencias eléctricas hacen prácticamente imposible construir nuevos centros de datos en España y amenazan inversiones previstas por 66.900 millones de euros hasta 2030.
La norma, impulsada por la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Sara Aagesen, obliga a los grandes centros de datos a cubrir el 80% de su consumo con energías renovables y acreditar que la producción coincide hora a hora con la demanda. Como alternativa transitoria, permite acogerse a condiciones renovables menos exigentes a cambio de aceptar desconexiones prioritarias de la red. La industria considera que ninguna de las dos opciones resulta viable para instalaciones que necesitan funcionar las 24 horas.
"No vamos a aceptarlo. Recurriremos el decreto y pediremos a los tribunales que suspendan su aplicación", asegura Emilio Díaz, presidente de Spain DC. La asociación denuncia que Aagesen no se ha reunido ni una sola vez con sus representantes y acusa al Ejecutivo de poner en peligro la capacidad de España para atraer inversiones en inteligencia artificial y otras tecnologías digitales.
La patronal también cuestiona el calendario político. El Gobierno ha aprobado la norma a nueve días de las elecciones generales del 29 de noviembre, después de tramitarla por la vía de urgencia. "Seremos pioneros en ponernos a la cola de la revolución digital", ironiza Begoña Villacís, directora ejecutiva de Spain DC. A su juicio, el Ejecutivo pretende trasladar a los inversores las consecuencias de años de insuficiente planificación de las redes eléctricas.
Otro de los puntos de conflicto es el impacto sobre la factura eléctrica.
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