El Gobierno aprueba ayudas y medidas fiscales para cooperativas y proveedores sociales de vivienda

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El Ministerio otorgará una certificación a empresas y fundaciones que se dediquen a la vivienda social que facilitará el acceso a pliegos, subvenciones, deducciones y Las medidas…
El Consejo de Ministros ha aprobado este martes un Real Decreto con ayudas y medidas fiscales para cooperativas y proveedores sociales de vivienda asequible. Entre las medidas adoptadas, está la certificación estatal para reconocer a las entidades que desarrollan vivienda social asequible, de forma que tengan fácil acceso a las ayudas que contribuyan a aumentar la oferta asequible.
Siguiendo la estela del modelo europeo de las 'Housing Associations', que copa gran parte de la oferta en el aplaudido y exitoso modelo de Viena, las fundaciones, empresas y cooperativas que consigan este certificado tendrán acceso a financiación pública, ventajas fiscales o prioridad administrativa en los casos que sea posible.
La medida, tramitada por vía urgente en el Real Decreto-ley 29/3036, prevé repartir 45 millones en subvenciones para la construcción industrializada de vivienda, que cumple con mayores estándares de sostenibilidad y se construye más rápido de forma que se agiliza el aumento de oferta. Las microempresas innovadoras que prevean automatización, robotización y digitalización de la construcción podrán optar a ayudas de hasta 5 millones, dentro de una dotación presupuestaria de 42 millones que permitiría impulsar hasta 8 empresas.
También hay presupuestados dos millones ena yudas para proyectos de investigación experimental en construcción con nuevas tecnologías, materiales y soluciones.
La habilitación normativa estava prevista en el decreto de vivienda aprobado por la Diputación Permanente, que se daba seis meses de plazo para regular la definición y el procedimiento de estas figuras, que se hará efectivo a partir de este otro decreto.
Las cooperativas de vivienda en cesión de uso, no obstante, criticaron que el nuevo decreto mantuviera una mejor posición fiscal de las socimis que de las propias cooperativas para la vivienda y aseguró que se “priorizaba a las sociedades de capital frente a la economía social”.
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