Si no es Openchip, ¿cuál?

Résumé détaillé

En junio, el Ministerio para la Transformación Digital anunció que la SETT invertiría 116 millones de euros en Openchip, diseñadora barcelonesa de procesadores para IA y…

En junio, el Ministerio para la Transformación Digital anunció que la SETT invertiría 116 millones de euros en Openchip, diseñadora barcelonesa de procesadores para IA y supercomputación, cofundada por GTD y el Barcelona Supercomputing Center (BSC). La operación debía “reforzar la autonomía estratégica europea”. Cinco meses después, el compromiso se ha roto al retirarse el socio privado. La Generalitat ha reaccionado con un préstamo de 15 millones, condicionado a que GTD aporte otros 15. Pero 30 millones compran unos meses: una compañía de semiconductores necesita 250 millones y años de respaldo. Está en juego la capacidad del Estado para apostar antes que el mercado.

Diseñar procesadores de alto rendimiento exige centenares de ingenieros especializados, años de desarrollo y mucho capital. Que en Barcelona haya surgido una compañía de unas 300 personas, nacida de un centro de supercomputación de referencia en Europa, es una anomalía. Además, apuesta por RISC-V, arquitectura abierta que no depende de licencias de terceros países: justo la autonomía que Europa busca. Proyectos así no se crean con una convocatoria de ayudas.

¿Por qué no financia el mercado un proyecto así? Porque el capital privado europeo no está preparado: sus fondos son pequeños, y sus horizontes, cortos; los chips exigen cientos de millones y plazos largos. La política industrial debe sostener tecnologías de frontera durante los años de desarrollo previos a la existencia de un mercado. Ese tramo requiere capital público. No es un cheque en blanco: el Estado puede participar en el consejo, exigir hitos y desembolsar por fases. Apoyar no está reñido con exigir.

Hemos diseñado mal la herramienta. Según fuentes del Gobierno, la SETT solo puede invertir con un coinversor privado: un inversor estratégico que solo actúa cuando otro decide antes. Las normas europeas permiten otras fórmulas.

Si no lo hacemos, Barcelona perderá unos 300 puestos de ingeniería y un proyecto que prolonga dos décadas de inversión…

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