La industria alimentaria en Panamá tendrá 36 meses para eliminar el uso de grasas trans

Résumé détaillé

El legislativo promulgó la Ley 564 que limita el uso de grasas trans en la industria alimentaria y prohíbe los aceites parcialmente hidrogenados tras un ...

El legislativo promulgó la Ley 564 que limita el uso de grasas trans en la industria alimentaria y prohíbe los aceites parcialmente hidrogenados tras un periodo de adaptación

Panamá aprobó la Ley 564 del 9 de noviembre de 2026, una legislación que establece nuevas restricciones para la producción de alimentos comercializados en el país. La normativa fija un límite máximo del 2% respecto del contenido de ácidos grasos trans industriales y prohíbe el uso de aceites parcialmente hidrogenados. La medida contempla un periodo de adaptación de 36 meses para la industria alimentaria nacional e internacional.

La nueva ley dispone que el contenido de ácidos grasos trans de producción industrial no podrá superar los dos gramos por cada 100 gramos de grasa total presente en los alimentos. Esta restricción, vigilada por el Ministerio de Salud, se extiende a los aceites, grasas y emulsiones que se utilicen durante los procesos de elaboración de los productos.

El artículo 5 de la norma prohíbe la producción, venta y distribución de aceites y grasas parcialmente hidrogenadas para el consumo humano. La ley, publicada en la Gaceta Oficial 30649 B, establece una excepción para las grasas provenientes de carnes de rumiantes y sus derivados, al concentrarse únicamente en aquellas sustancias originadas mediante procesos industriales.

El sector corporativo tendrá un plazo total de 36 meses para acatar las medidas. Este periodo de adaptación se distribuye en tres etapas sucesivas acumuladas: una inicial de 12 meses, seguida de una de 18 meses, hasta llegar al tope de 36 meses. Los fabricantes e importadores deberán revisar la formulación de sus portafolios de productos y modificar los etiquetados para describir de manera clara la composición.

El incumplimiento de la regulación acarrea un régimen sancionatorio que incluye multas económicas, la suspensión temporal de actividades o la cancelación de los permisos de funcionamiento.

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