Prohibir TikTok en España es mucho más difícil de lo que parece: el marco europeo le deja pocas opciones

Résumé détaillé

Recientemente conocíamos la noticia de que el Gobierno de España se planteaba la posibilidad de paralizar los servicios de TikTok. Esto venía tras una investigación de…

Recientemente conocíamos la noticia de que el Gobierno de España se planteaba la posibilidad de paralizar los servicios de TikTok. Esto venía tras una investigación de ‘Maldita.es’ en la que habían documentado miles de vídeos y directos de abuso sexual infantil. Por lo pronto, la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) ha declarado no suspender la plataforma como medida cautelar. Aunque también cabe señalar que las verdaderas palancas para un supuesto veto de TikTok en España las tiene la Comisión Europea y los tribunales.

De momento, la app sigue funcionando con normalidad para los más de 26 millones de usuarios que la utilizan cada día en España. El Ministerio de Juventud e Infancia solicitó una reunión con los responsables de la plataforma en el país tras la investigación del medio Maldita. La petición del Gobierno es el intento más agresivo hasta la fecha para forzar el cierre de una gran red social en el país.

En detalle. La ministra Sira Rego pidió a la AEPD que actuara en virtud del artículo 66 del RGPD (Reglamento General de Protección de Datos), el cual, según explicó, permite a una autoridad nacional adoptar medidas provisionales inmediatas con efectos jurídicos en su propio territorio cuando urge proteger los derechos de las personas. La medida sería temporal, con una duración máxima de tres meses.

"Pueden estar seguros de que si dependiera de nosotros, TikTok estaría suspendido desde ayer", declaraba Rego. Asimismo, también reconoce que el Ejecutivo no tiene competencias para tomar la decisión de forma directa.

Qué dice la AEPD. Su comunicado se basa principalmente en tres puntos:

¿Puede España hacerlo realmente? En la práctica, no por decreto. Según comparten en Euronews, citando a fuentes legales, una suspensión generalizada necesitaría una base jurídica suficiente, tendría que superar un test de proporcionalidad y probablemente requeriría un juez.

El abanico de opciones realistas de España serían los tribunales, con un juez que ordene retirar el…

Rego…

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