La inmigración más allá de los cayucos

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El nuevo Gobierno deberá abordar los límites de la acogida de población migrante, que sigue llegando en un número que marca récords ...

La reactivación de la ruta canaria, que suma 7.645 llegadas en los once primeros días de noviembre, ha vuelto a colocar a la inmigración en el centro del debate político, a las puertas del inicio de la campaña electoral. Y eso que la inmensa mayoría de inmigrantes que llegan a España, aunque suela pasar inadvertido, viajan en avión y no en precarias embarcaciones. El ruido que generan las entradas irregulares empaña el verdadero reto económico, social y humano que deberá abordar el Gobierno que salga de las urnas el próximo 29 de noviembre: dónde están los límites de la acogida, hasta dónde puede llegar la presión sobre los servicios públicos y cuál es el futuro de la convivencia.

En la última legislatura España alcanzó un hito demográfico sin precedentes: una de cada cinco personas residentes es de origen inmigrado, un término estadístico que utiliza el Servicio Jesuita a Migrantes (SJM) para abarcar tanto a las personas nacidas en el extranjero como a la población extranjera nacida en el país. Casi diez millones de personas. Según las cifras del Instituto Nacional de Estadística (INE) sin la inmigración, España estaría perdiendo población. Entre el 2021 y el 2025 la población creció en 1,7 millones de personas.

Unos números que no cuentan aún con el impacto de la medida estrella en esta materia del gobierno de Pedro Sánchez: la regularización extraordinaria de inmigrantes, que tuvo que ser aprobada por la vía reglamentaria para evitar una votación –probablemente en contra– en el Congreso de los Diputados. Según datos actualizados a los que ha tenido acceso La Vanguardia, el 87% de las 1.174.978 solicitudes se han admitido a trámite, lo que permite a las personas que vivían en clandestinidad residir y trabajar legalmente en el país. De hecho, 513.029 de ellas están afiliadas ya a la Seguridad Social.

El Partido Popular, en cambio, propone prohibir las regularizaciones “masivas e indiscriminadas” con una reforma de la ley de Extranjería.

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