Centros de datos: el riesgo de regular deprisa y acabar en los tribunales

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El Gobierno quiere aprobar el decreto que endurece la normativa sobre centros de datos antes del 29N. Si no se respeta el procedimiento europeo, su aplicación podría acabar en los tribunales y poner en peligro décadas de inversiones
Quedan menos de dos semanas para las elecciones generales y el Gobierno quiere aprobar el real decreto que endurece el acceso de los centros de datos a la red eléctrica. El Consejo de Estado emitió su dictamen el 6 de noviembre y, según la prensa, el Ejecutivo baraja llevar el texto al Consejo de Ministros los días 17 o 24. La urgencia puede salir cara: si se aprueba sin completar los trámites exigidos por el Derecho europeo, la norma podría nacer con un defecto que impidiera aplicarla. Lo más seguro sería cumplir con calma el procedimiento europeo y dejar que el próximo Gobierno culminase la tramitación.
El dictamen, aprobado por unanimidad, no bloquea la norma. El Consejo de Estado considera que el Estado puede regular esta materia mediante real decreto y acudir a la tramitación urgente, pero formula cuatro observaciones esenciales: justificar mejor el rechazo de las alegaciones y el coste para los promotores; atribuir la supervisión a las administraciones, no a Red Eléctrica ni a las distribuidoras; definir los incumplimientos sancionables y cuándo se perderán los permisos de acceso y conexión; y suprimir la facultad del Ministerio para modificar unilateralmente el porcentaje de renovables exigido.
La tercera observación toca una de las principales inquietudes de los inversores: saber en qué circunstancias pueden perder su conexión. Y hay algo que el dictamen no puede resolver: la obligación de notificar el proyecto a Bruselas y de esperar su examen deriva del Derecho europeo, y ningún órgano nacional puede dispensarla ni acortar sus plazos.
A comienzos de noviembre trascendió que la Comisión Europea había recordado al Gobierno la obligación de notificar los proyectos que puedan constituir reglamentos técnicos. La directiva europea de 2015 exige comunicarlos previamente a la Comisión y esperar al menos tres meses antes de aprobarlos. A mi juicio, el decreto entra en esa categoría, pues establece requisitos técnicos concretos para prestar este servicio en España.
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