Ley Malvinas: el trasfondo de las negociaciones en Diputados y las dudas por el capítulo electoral

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Este jueves se reúnen los jefes de bloque para definir la agenda parlamentaria y será una semana decisiva.El PRO acompaña, en la UCR aseguran que faltan "detalles", mientras que hay bancadas federales que no confirman su postura o están pidiendo modificaciones. El título que necesita mayoría absoluta.

Mientras el Ejecutivo reclama ante el Tribunal del Mar frenar la explotación de petróleo en las Islas Malvinas, el oficialismo parlamentario busca darle las puntadas finales a ley de Defensa de la Soberanía Nacional para conseguir darle luz verde en Diputados.

El texto necesita mayoría simple para su aprobación en general, pero el título de "Fortalecimiento de la soberanía en los procesos electorales y otras modificaciones" que modifica cuestiones electorales requiere mayoría absoluta del total de los miembros. Es decir, 129 votos afirmativos.

En La Libertad Avanza dicen estar trabajando para sumar respaldos. El PRO afirma que acompaña en su totalidad, en la UCR aseguran que faltan "detalles", mientras que hay bancadas federales que no definieron postura o están pidiendo modificaciones.

"Esta semana es decisiva", señaló una legisladora libertaria que participa de las negociaciones. El jueves habrá una reunión de jefes de bloque en donde el oficialismo medirá fuerzas para ver si puede sesionar el 18 de noviembre con el Presupuesto 2027 -su prioridad- o con el Plan B: la Ley Malvinas y la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central.

En el medio, se cuela la interna oficialistas y las sospechas de que las autoridades de la Cámara Baja, encabezadas por Martín Menem, traban el avance del proyecto porque fue craneado por el asesor presidencial Santiago Caputo. "Ayudando no están", sentencia un legislador.

Los ejes de conflicto siguen siendo los mismos desde el inicio del debate, sin embargo surgen nuevos pedidos de retoques.

El título que modifica cuestiones electorales y por eso necesita mayoría absoluta es el séptimo. Dentro de él se encuentra el artículo que mayor rechazo generaba porque podía limitar la libertad de expresión.

Se trataba del que establecía penas de 5 a 12 años de prisión "para quienes, por cuenta, orden o financiamiento de un Estado, organización o agente extranjero, intenten interferir en procesos electorales mediante campañas coordinadas de…

Fue…

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