Un juez investiga a la Casa de Alba por reabrir por su cuenta nueve pozos clausurados por la justicia

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El 22 de septiembre de 2026, una patrulla de guardias civiles llegaron la finca de Aljóbar en Aznalcázar (Sevilla) con una tarea la mar de sencilla: quitar los precintos…

El 22 de septiembre de 2026, una patrulla de guardias civiles llegaron la finca de Aljóbar en Aznalcázar (Sevilla) con una tarea la mar de sencilla: quitar los precintos judiciales de nueve pozos. Doce días antes y ras una farragosa causa judicial, el juez había archivado todo y ordenado levantar la prohibición de usarlos.

El problema es que, cuando llegaron allí, los pozos ya estaban funcionando. De hecho, a la luz de lo que vieron en Aljóbar, el agente al mando llegó a la conclusión de que hacía ya dos meses que esos motores estaban bombeando a todo trapo.

Y, en el centro de todo, la Casa de Alba. No deja de ser curioso que hayan ganado un caso de tres años y millones de metros cúbicos de agua para terminar en un juicio por desobediencia. Pero, bueno, a menudo la justicia funciona así.

Nueve pozos bajo una malla verde. Todo empezó en la primavera de 2023, cuando dos extrabajadores de la finca denunciaron que algo raro pasaba entre los naranjos. Sobre el papel, Aljóbar (gestionada por Eurotécnica Agraria, la sociedad agraria de la familia Alba) tenía permiso para un pozo de riego. Tras esta denuncia, los agentes encontraron ocho pozos sin licencia y sin contador cubiertos con mallas verdes para que no se distinguieran en las imágenes aéreas.

¿Y qué conllevaba eso? Según la Guardia Civil, entre 3.800 y 6.640 millones de litros fueron extraídos ilegalmente en once campañas. Eso representaba un beneficio ilegal de 5,1 millones de euros por la fruta producida con esa agua y un daño ambiental de entre 732.000 euros y 1,13 millones.

La defensa sostuvo que nunca se superó el volumen que les permitía la concesión y, finalmente, el juez no encontró delito.

¿Cómo es posible? Es sencillo: el juez sí que reconoció las "extracciones no autorizadas", pero las consideró una infracción administrativa. Para el juzgado, el riesgo ambiental "no puede presumirse" y la gravedad alegada "carece de base".

Y el asunto central es que Aljóbar, pese a estar cerca de Doñana, no bombea del acuífero…

A…

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