La UCO acude al Tribunal de Cuentas a por información sobre presuntas irregularidades en donaciones al PSOE

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La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha acudido este jueves al Tribunal de Cuentas en busca de información sobre presuntas irregularidades en donaciones al PSOE…

Agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha acudido este jueves al Tribunal de Cuentas en busca de información sobre presuntas irregularidades en donaciones al PSOE que analiza el órgano fiscalizador.

Lo ha hecho en cumplimiento de una orden del juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno, que abrió una pieza separada del caso Koldo para investigar los pagos en efectivo al exministro de Transportes José Luis Ábalos y su exasesor Koldo García. Moreno seguía a su vez instrucciones del juez del Tribunal Supremo Leopoldo Puente, que estuvo a cargo de la investigación contra Ábalos y García.

El magistrado tomó esta decisión ante la sospecha de que el extitular de Transportes y su exasesor Koldo García pudieron aprovechar la falta de controles en el PSOE a la hora de devolver gastos anticipados para blanquear el dinero obtenido de sus presuntas actividades ilegales.

Además, la Fiscalía Anticorrupción apuntó a un posible delito de desfalco cometido contra la formación política, entre "otras irregularidades".

A petición del Supremo, el PSOE entregó los justificantes de los pagos realizados en metálico entre 2017 y 2024 su sede de Ferraz. En concreto, se aportaron 39 justificantes bancarios y una tabla explicativa para acreditar que los movimientos de efectivo estaban incorporados en su contabilidad. El pendrive aportado por los socialistas, incluiría el listado y los justificantes de todos los pagos en metálico efectuados esos años a dirigentes, trabajadores y simpatizantes.

Posteriormente entregó esta información sobre los pagos en efectivo del periodo señalado a la Audiencia Nacional.

Dado que los datos aportados por el partido afectan a cargos, trabajadores, simpatizantes o voluntarios del PSOE, el instructor estima "racional, lógica, fundada, necesaria y respaldada legalmente adoptar la medida de decretar el secreto mientras se practican las diligencias de investigación pendientes".

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