Argentina habría amenazado con cárcel al director ejecutivo de una petrolera británica por perforaciones en las Malvinas

Résumé détaillé

Así lo dio a conocer el diario The Guardian que señaló que el director ejecutivo de Rockhopper Exploration, Sam Moody, sostuvo que el gobierno de Javier Milei le escribió amenazándolo con un proceso penal, penas de prisión y multas.

En momentos en que Argentina comenzó a intensificar su retórica respecto de las Malvinas, el gobierno de Javier Milei amenazó con cárcel a un empresario británico involucrado en un proyecto petrolero en alta mar en las islas.

Así lo dio a conocer el diario The Guardian que indicó que Sam Moody, director ejecutivo de Rockhopper Exploration, y el director financiero de su empresa recibieron la amenaza en septiembre pasado.

Argentina solicita al Tribunal Internacional del Derecho del Mar (ITLOS) una orden de suspensión urgente de las perforaciones del proyecto petrolero marino Sea Lion, al norte de las Islas Malvinas, que está siendo liderado por Rockhopper, una empresa británica, y Navitas, una compañía israelí.

En septiembre, Milei declaró ante la Asamblea General de la ONU que recuperar la soberanía de las Islas Malvinas era una causa nacional y que Buenos Aires estaba tomando “el asunto en sus propias manos” por medios pacíficos.

Argentina invadió las Islas Malvinas en 1982. La guerra, que duró 74 días, terminó con la rendición de las fuerzas argentinas. Costó la vida de 649 militares argentinos, 255 militares británicos y tres isleños de las Malvinas.

Se espera que el ITLOS emita su fallo sobre la solicitud de Argentina el 28 de noviembre.

En su declaración, Moody indicó que el 1 de septiembre de 2026, Argentina le escribió a él y al director financiero de Rockhopper amenazándolos “con un proceso penal, penas de prisión y multas en virtud de su legislación nacional”.

La información fue revelada en una declaración jurada presentada por Reino Unido ante el ITLOS antes de las audiencias celebradas esta semana, que duraron dos días. Tras una solicitud de The Guardian, el documento, que se encontraba sellado, se puso a disposición del público.

Buenos Aires aprobó una legislación nacional que penaliza el proyecto y, en su declaración ante el tribunal, el ejecutivo petrolero Moody también afirmó que creía que existía un riesgo al participar en la audiencia en Hamburgo.

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